A raíz de un gran número de denuncias en los países de la UE relativas a las compras desde aplicaciones de juegos en línea, en particular las compras involuntarias por parte de niños, las autoridades nacionales se han unido a la Comisión Europea para encontrar soluciones.
La acción coordinada de defensa del consumidor en la UE relativa a las compras desde aplicaciones de juegos en línea y móviles ha conseguido progresos reales en el logro de resultados concretos. La industria ha suscrito una serie de compromisos para atender a las preocupaciones de los consumidores. Esta acción aumentará la confianza de los consumidores en el sector de las aplicaciones, que está creciendo rápidamente.
En una posición común acordada por las autoridades nacionales en el marco de la red de la cooperación en materia de protección de los consumidores y comunicada a Apple, Google y la Federación Europea del Software Interactivo en diciembre de 2013 se pidió que:
- los juegos presentados como «gratuitos» no indujesen a error a los consumidores acerca del verdadero coste que conllevan;
- los juegos no contuviesen una exhortación directa a los niños para que comprasen artículos en un juego o para convencer a los adultos de que les comprasen los artículos;
- los consumidores estuviesen adecuadamente informados sobre las modalidades de pago de las compras y que no se les cobrase automáticamente por defecto sin su consentimiento expreso;
- los comerciantes facilitasen una dirección de correo electrónico para que los consumidores pudiesen contactarlos en caso de dudas o quejas.
Las autoridades responsables de los Estados miembros y la Comisión Europea han invitado también a las asociaciones de desarrolladores y plataformas de juegos en línea a reflexionar sobre las medidas concretas que podrían adoptar para abordar las cuestiones planteadas en la posición común, incluida la posibilidad de adoptar orientaciones o normas que incorporen la posición de la cooperación en materia de protección de los consumidores.
La ejecución, incluidas las posibles medidas jurídicas, está en manos de las autoridades nacionales, que estudiarán ahora la manera de abordar las cuestiones jurídicas pendientes.
La Comisión Europea y los Estados miembros seguirán la evolución de este tema y prestarán especial atención a la medida en que los compromisos suscritos aborden en la práctica las preocupaciones planteadas en la posición de la cooperación en materia de protección de los consumidores.